La institución reprocha al Ayuntamiento no ejecutar un acuerdo plenario de 2025 que obliga a adaptar la ordenanza fiscal a la práctica real aplicada desde 2002.
Un requerimiento que señala un incumplimiento prolongado
El Procurador del Común de Castilla y León ha emitido una resolución en la que exige al Ayuntamiento de Ponferrada activar de inmediato la modificación de la Ordenanza Fiscal que regula la tasa por ocupación de la vía pública en el mercadillo municipal. El pronunciamiento llega tras una queja del Grupo Municipal Socialista, que denunció que el Consistorio lleva más de ocho meses sin ejecutar un acuerdo plenario aprobado en junio de 2025.
El acuerdo establecía sustituir el cálculo de la tasa por metro cuadrado por el de metro lineal, un criterio que, pese a no figurar en la ordenanza vigente, se aplica de facto desde 2002. Esta contradicción entre norma y práctica, según el Procurador, genera inseguridad jurídica tanto para los comerciantes como para los grupos políticos implicados.
Obligación legal del alcalde y advertencia sobre la parálisis
El informe recuerda que el alcalde está obligado por ley a ejecutar los acuerdos plenarios sin margen para valorar su conveniencia. La falta de avances en la tramitación —sin informes técnicos ni propuesta de modificación— constituye, según la institución, una paralización “grave” que vacía de contenido las decisiones democráticas del Pleno.
Además, mantener una ordenanza que fija una unidad métrica distinta a la aplicada en la práctica supone una anomalía jurídica que compromete la regularidad tributaria y la transparencia administrativa.
Reacciones políticas y posibles consecuencias
El PSOE de Ponferrada ha valorado positivamente la resolución, que consideran un respaldo a su denuncia inicial. El grupo advierte de que, si el Ayuntamiento no actúa en el plazo recomendado, estudiará emprender acciones legales para garantizar el cumplimiento del acuerdo.
El Procurador insta al Consistorio a reactivar el expediente “a la mayor brevedad posible”, elaborando los informes necesarios y llevando una propuesta provisional al primer Pleno ordinario disponible. El objetivo es dotar de claridad normativa a los vendedores ambulantes, cuya actividad depende directamente de un marco fiscal actualizado y coherente.